ASESORIA JURÍDICA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

Tener un protocolo de acoso laboral es una obligación para todas las empresas, independientemente del tamaño de su plantilla. Es decir, tanto si la empresa tiene una plantilla de 500, 250, 100 o cuatro trabajadores, está obligada a tener un protocolo contra el acoso laboral que articule no sólo medidas para prevenirlo, sino también el procedimiento en caso de acoso laboral a seguir por trabajadores y empresa. Como hemos mencionado antes, puntualizamos que, aunque la empresa no tenga obligación de tener un Plan de Igualdad, sí está obligada a tener de acuerdo a la normativa un protocolo de acoso laboral. Además, cabe señalar que la Inspección de Trabajo lleva a cabo más inspecciones para comprobar que las empresas cuentan con un protocolo contra el acoso laboral adecuado y de acuerdo a las exigencias de la normativa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de septiembre de 2022 publica la Ley 18/2022 de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas que, entre otros contenidos, modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con las siguientes finalidades:

• Se establece la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros que exige la ley actualmente. España se alinea así con otros países de nuestro entorno, donde no existe capital mínimo para constituir una sociedad de este tipo.
• Se introducen reformas específicas para facilitar la constitución de empresas de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE).
• En cuanto a la lucha contra la morosidad comercial, la norma incluye el período medio de pago como criterio de valoración para el acceso a subvenciones y contratación pública. Se trata con ello de incentivar al empresario para que cumpla con sus obligaciones de pago en tiempo.
  • Este impulso viene enmarcado en el objetivo general de reducir la morosidad, teniendo en cuenta que ésta constituye una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas, especialmente en el caso de las pymes.
    
    Por este motivo, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
    
    De esta forma se garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos entre profesionales y empresas, permitiendo obtener información fiable y ágil relacionada, entre otras cosas, con los plazos de pago.
    
• Con respecto a la facturación, se generaliza el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales como medida de digitalización empresarial, así como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.entender la facturación electrónica e introducirla en tu negocio se convierte así en una necesidad improrrogable.
• La norma amplía el listado de actividades económicas exentas de licencia: se incorporan al catálogo estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por al menos una comunidad autónoma.
• Se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa con el fin de potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial. Es el caso del ‘crowdfunding’, la inversión colectiva y el capital riesgo.

 

Esta ley entra en vigor, a los efectos de las citadas modificaciones, a los veinte días de su publicación en el BOEque tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Por tanto, los cambios comenzarán a aplicarse a partir del 19 de octubre, si bien existen dos excepciones:

- El capítulo V, que introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022.

- El artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, comenzará a aplicarse en el plazo de un año a partir de su desarrollo reglamentario para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros.

Los tres primeros años (entre 2023 y 2025) la cuota mensual ,se irá reduciendo, manteniendo o incrementándose en función de los ingresos de los autónomos. Pasados estos primeros años, se tendrá que volver a pactar los nuevos tramos, hasta 2032.

Sin embargo, la primera fase y las variantes vienen definidas en quince tramos de cotización, según los ingresos mensuales. Éstos irán marcando la cuota a pagar en 2023,2024 y 2025:

1. Ingresos por debajo de los 670 euros al mes. La cuota se mantiene en 230 euros en 2023. Al año siguiente la cuota baja a los 225 euros y pagará 200 euros en 2025.

2. Ingresos mensuales entre 670 y 900 euros. La cuota en este caso será de 260 euros en 2023, 250 en 2024 y 240 en 2025.

3. Rendimientos entre 900 y 1.166 euros al mes. En este tercer tramos, el año que viene pagarán una cuota de 275 euros. Se reduce a los 267 en 2024 y 260 en el 2025.

4. Ingresos entre 1.167 y 1.300 euros al mes. La cuota será de 291 euros en los tres años.

5. Rendimientos mensuales entre 1.300 y 1.500 euros. En este caso, la cupota se mantiene los tres años en 294 euros al mes.

6. Entre 1.500 y 1.700 euros al mes. Igual que el tramo anterior: cuota de 294 euros los tres años.

7. Entre 1.700 y 1.850 euros. En 2023 pagarán 310 euros, y subirá a 320 y 350 euros en 2024 y 2025, respectivamente.

8. Entre 1.850 y 2.030 euros. En 2023, la cuota será de 315 euros, 325 euros en 2024 y 370 en 2025.

9. Entre 2.030 y 2.330 euros. El año que viene pagarán una cuota de 320 euros y subirá a los 330 euros en 2024 y 390 euros en 2025.

10. Entre 2.330 y 2.760 euros. 330 euros en 2023, 340 euros mensuales en 2024 y 415 euros en 2025.

11. Entre 2.760 y 3.190 euros de ingresos mensuales. Las cuotas serán: 350 euros en 2023, 360 euros en 2024 y 440 euros en 2025.

12. Entre 3.190 y 3.620 euros. En este tramo los autónomos tendrán unas cuotas de 370 euros en 2023, de 380 euros en 2024 y 465 euros en 2025.

13. Entre 3.620 y 4.050 euros de ingresos al mes, la cuota el próximo año será de 390 euros al mes, subirá a los 400 en 2024 y a los 490 euros en 2025.

14. Entre 4.050 y 6.000 euros. Las cuotas en este tramos serán de 420 euros el próximo año, 450 euros en 2024 y 530 euros en 2025.

15. Ingresos superiores a 6.000 euros al mes: pagarán 500 euros en 2023, subirá a los 530 euros en 2024 y llegará a los 590 euros en 2025.

Más modificaciones del nuevo sistema para autónomos

Además de los tramos de cotización, el nuevo sistema trae consigo más modificaciones. Para empezar, la conocida como “tarifa plana” para nuevos autónomos. La cuota fija pasa de los 60 euros actuales a 80 euros al mes. Además, no se tiene en cuenta si los ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) para pagar menos, pero sí para pagar más. Es decir, que si el autónomo cobra menos del SMI seguirá pagando una cuota fija de 80 euros al mes, pero si lo supera, empezará a cobrar en función del tramo que le corresponda.

Además, para elegir el tramo de cotización, los autónomos deberán hacer una previsión al principio de año de sus rendimientos netos (ingresos menos gastos), incluyendo la deducción del 7% de los gastos genéricos (el 3% en el caso de los autónomos societarios).

Sin embargo, como los ingresos de los autónomos pueden y suelen ser variables, resulta difícil establecer un único tramo en todo el año, se podrá ajustar la base de cotización hasta seis veces en un año. Así, el profesional autónomo podrá ajustar su base, en función de sus ingresos reales cada dos meses. Es obligatorio indicar estos cambios a la Seguridad Social, o podría haber sanciones.

Requisitos para solicitar la nueva ayuda de 200€ para desempleados, autónomos y asalariados: ☑️ No es posible solicitar esta nueva ayuda si se es beneficiario del IMV, ya que estos se benefician ya, de una subida del 15% de su cuantía hasta final de año. Al igual ocurre con las pensiones no contributivas. ☑️ Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio no supere los 43.196,4 euros. ☑️ Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a dicha fecha. ☑️ El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022.

La Ley 11/2021, de medidas contra el fraude, ha modificado la Ley General Tributaria con el objeto de prohibir el software contable de doble uso que permite manipular la contabilidad. La ley del fraude entró en vigor, con carácter general, el día 11 de julio, con determinadas excepciones como la obligación que ahora comentamos, cuya entrada en vigor se posponía tres meses. Así, a partir del 11 de octubre de 2021, los productores, comercializadores y usuarios están obligados a utilizar software contable, de facturación y de gestión que no permita alteraciones, y el incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción grave con sanciones de hasta 150.000 euros.

Esta limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros ya está en vigor, desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que desde el 11 de julio todo aquel que se exceda pagando más de dicha cantidad, o admita cobros superiores a este importe, se enfrenta a importantes sanciones.

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias, como medida de preparación para la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia COVID-19.

Los trabajadores por cuenta propia podrán aplazar las obligaciones tributarias un máximo de 6 meses, y tendrán hasta agosto para hacerles frente a ningún recargo por ello. Podrán acceder todos aquellos autónomos y pymes que facturen menos de seis millones de euros, y quieran posponer el pago de sus autoliquidaciones del primer trimestre, como IVA, IRPF o Sociedades, cuyo plazo de presentación terminaría habitualmente en el mes de abril, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en Hacienda y en Tesorería. Concretamente, los autónomos interesados podrán aplazar los pagos de las retenciones e ingresos a cuenta de los modelos de retenciones trimestrales a trabajadores o empresarios (111); de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles (115). También los Pagos fraccionados del IRPF (modelo 130 y 131), los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades (modelo 202) y la declaración trimestral de IVA (modelo 303).

Se ha publicado el RD 2/2021 de medidas en defensa del empleo, entre otros aspectos regula en su TITULO II las nuevas medidas de apoyo para los trabajadores autónomos.